(CNNMéxico) — A un año del hallazgo de fosas clandestinas en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha identificado únicamente 34 cuerpos de un total de 193 cadáveres, los cuales han sido entregados a sus familiares, según la vocería de la dependencia federal.
La primera de un total de 47 fosas clandestinas fue localizada el 2 de abril de 2011 en el municipio de San Fernando, tras un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos miembros de la organización criminal de Los Zetas.
Inicialmente las investigaciones estuvieron a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, pero la PGR atrajo la investigación, por lo que los cuerpos fueron trasladados a la capital del país para su análisis. Hasta ahora, se han identificado menos de una quinta parte.
El 10 de diciembre de 2011 fue la última vez que la PGR informó públicamente, a través de un comunicado, sobre la entrega de cuatro cuerpos —tres de Guanajuato y uno de Tamaulipas—. Posteriormente, según la vocería, se ha continuado con los análisis periciales que se han contrastado con información que han proporcionado los familiares de personas desaparecidas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Según la PGR, los familiares han aportado fotografías, expedientes dentales, muestras para la elaboración de perfiles genéticos, así como huellas dactilares impresas de las personas desaparecidas.
San Fernando, Tamaulipas —un municipio con menos de 60,000 habitantes, al norte de México—, comenzó a aparecer en los medios nacionales e internacionales en agosto del 2010, cuando elementos de la Secretaría de Marina localizaron los cadáveres de 72 migrantes en un rancho, en su mayoría de origen centroamericano.
Dada la cantidad de cuerpos que tuvieron que alojar tras el descubrimiento de las fosas de San Fernando, los restos de la masacre de agosto de 2010 fueron enviados al Estado de México, al centro del país, para su conservación, según informó hace un año, Edmundo Takahashi Medina, director del Semefo en el DF.
Para abril de 2011, el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México reportó que aún quedaban 14 cadáveres de los 72 migrantes asesinados sin identificar.
Respecto a los cadáveres de las fosas clandestinas, la PGR se limitó a informar sobre la entrega de los 34 cadáveres a sus familiares, sin dar más detalles sobre el tiempo que podría tomar la identificación de todos los cuerpos.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas dijeron a CNNMéxico que no podían comentar nada sobre las fosas descubiertas hace un año, debido a que la PGR atrajo la investigación en su totalidad.
La necesidad de una base de datos sobre personas desaparecidas
Tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, centenares de personas viajaron al norte del país y a la Ciudad de México en busca de sus familiares desaparecidos entre los cadáveres que eran exhumados.
Algunos lograron identificar a la persona que llevaban años buscando, la mayoría únicamente pudo entregar documentación y pruebas de ADN en espera de que les dieran información sobre el paradero de su marido, hermano, primo o hijo.
El pasado 7 de febrero, Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, anunció la creación de una base de datos sobre personas desaparecidas en México. Casi un mes después, el Senado de la República aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
En una visita realizada del 18 al 31 de marzo de 2011 a estados como Guerrero, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano la generación de una base de datos sobre personas desaparecidas que incluyera datos como sexo, edad, lugar de desaparición, lugar donde fue exhumado un cadáver, entre otros.
Asimismo llamaba a que se tipificara el delito en todos los estados del país, ya que en ese entonces únicamente ocho estados contaban con leyes relacionadas con las desapariciones forzadas. También consideró necesario que se establecieran protocolos de exhumación con el fin de poder conservar pruebas genéticas como el ADN.
Jorge Verástegui, director de la organización, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fuundec) recordó que desde su creación en 2007, se había exigido a las autoridades la creación de una base de datos que ayudara a coordinar a las autoridades locales, estatales y federales.
“La importancia de una base de datos a nivel nacional en la que participe el ámbito federal y los locales es de suma importancia ya que tendría que ser una base de datos que estuviera concentrada en un solo lugar toda la información y coordinada con las diferentes dependencias a todos sus niveles”, dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico.
Refirió que hasta ahora los familiares de las personas desaparecidas en México se tienen que enfrentar a diversas dificultades por la falta de una base de datos que concentre la información sobre desapariciones, pues se ven obligados a recorrer diferentes instancias en busca de algún dato que les dé pistas sobre el paradero de su familiar o, simplemente, la certeza de que sigue con vida o que ya ha fallecido.
Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y especialista en desapariciones forzadas, consideró que el procedimiento para desaparecer a las personas, implica hacer que no sea sencillo encontrar sus restos.
“Es aquí donde cobra importancia disponer de una base de datos lo más completa posible. Eso implica información sobre estructura y tratamientos dentales, intervenciones quirúrgicas que hayan involucrado prótesis, y especialmente disponer de un banco de datos de muestras de ADN de los familiares directos, bajo las condiciones útiles para la identificación. Estos son los datos básicos para la identificación de restos”, dijo vía correo electrónico a CNNMéxico.
La especialista agregó que la disposición de una base de datos contribuye a facilitar el proceso de búsqueda, para su correcta operación se requiere una infraestructura apropiada, como laboratorios, personal capacitado y un proceso que cuide adecuadamente el material genético para que no vaya a ser alterado.
“El sentido de una correcta identificación se vincula a los derechos de los ciudadanos desaparecidos y sus familiares, al derecho de darles sepultura, a la posibilidad de realizar y cerrar un duelo, que en el caso de los desaparecidos se construye como un duelo imposible, dado que no se sabe nada sobre si está vivo o muerto”, indicó.
Si bien aún no hay cifras oficiales unificadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que en México existen por lo menos 5,397 casos de desapariciones forzadas.
Nota: Este artículo fue publicado el 3 de abril del 2012 en:
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/03/la-mayoria-de-los-cadaveres-de-san-fernando-siguen-sin-ser-identificados
