martes, 15 de mayo de 2012

Darío

Darío murió hace 43 años, junto con otros que el 2 de octubre de 1968, participaron en una marcha estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que terminó en masacre.

Su nombre no figura en el monumento de piedra roja que está en un rincón de la plaza y que contiene los nombres de unas 20 víctimas de un ataque que se cree perpetraron militares contra los estudiantes. Tampoco hay ofrendas florales con su foto en blanco y negro, como las que han colocado para algunos difuntos.

Para evocarlo, sólo hay dos hombres de casi 50 años, sentados en el suelo y vestidos de blanco, que han acudido a este lugar sin falta desde hace 11 años para rezar por él.

En medio de la gente que viene y va, como parte de la marcha que conmemora la masacre estudiantil, y otros visitantes domingueros que se mezclan con los manifestantes, Juan, un hombre de 48 años, vestido totalmente de blanco y con un incienso en las manos, no abre los ojos ante los gritos de los vendedores de tacos, hot dogs, raspados y refrescos que pasan con sus carritos a su lado. Tampoco lo hace ante los estudiantes de las universidades públicas que gritan consignas mientras cargan cartulinas en las que piden justicia. Es moreno, tiene el cabello ya blanco y usa bigote. Aunque delgado, al sentarse, la grasa de su estómago se coloca sobre sus piernas dobladas.

José, de 46 años, en cambio, tiene los ojos abiertos, pero su mirada está perdida. También sostiene un incienso entre sus manos y hay una pequeña veladora apagada ente sus piernas. Su cabello negro está peinado con gel y carga una pequeña bolsa negra de tela donde trae otras dos veladoras sin usar. Tampoco se inmuta ante el paso de nadie. Es más robusto que José y viste unos pantalones de mezclilla azules y una playera blanca y lisa.

Los dos tomaron un autobús desde Ecatepec, al oriente del Estado de México, para cumplir con un ritual que practican desde hace más de una década para recordar a su hermano Darío, aunque no se acuerden de él porque eran demasiado pequeños cuando desapareció. Cada vez que piensan en él, lo invocan en dos dimensiones, y con un tono medio amarrillento por la foto vieja que tiene su madre en la sala de su casa. También recuerdan que cuando eran niños, su madre veía la foto y se limpiaba discretamente las lágrimas con sus manos.

Ellos no gritan ni exigen justicia. No cargan carteles ni reparten folletos para recordarles a los asistentes por qué se conmemora en México el 2 de octubre. Sólo escogen un punto en el centro de la plaza y se sientan en el suelo a pedir por ese joven que nunca regresó y cuya ausencia siempre estuvo presente en la vida familiar.

José critica a los jóvenes que marchan cada año con el pretexto de la matanza estudiantil.

“Ni siquiera saben por qué es, no saben ni lo que pasó, y están aquí echando desmadre”, dice mientras se acomoda y guarda su veladora en su bolsa negra.

Juan sigue con los ojos cerrados y es tan inmóvil como una estatua. Sólo unos 10 minutos después, se incorpora y se prepara para partir.

La Plaza de las Tres Culturas, llamada así porque alrededor de ella están ruinas prehispánicas, una catedral y edificios habitacionales del siglo 20, se sigue llenando conforme avanza la tarde.

Juan y José se preparan para volver a Ecatepec. Juan llegará a una casa con tres hijos y una esposa. José tiene dos hijos y está casado, pero está desempleado.

No volverán a esta plaza ni al centro del Distrito Federal hasta el próximo año. Regresarán, de nuevo, el 2 de octubre.  Volverán para recordar y rezar por ese hermano al que nunca conocieron porque desapareció hace 43 años.

miércoles, 4 de abril de 2012

La mayoría de los cadáveres de San Fernando siguen sin ser identificados

Por Hanako Taniguchi

(CNNMéxico) — A un año del hallazgo de fosas clandestinas en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha identificado únicamente 34 cuerpos de un total de 193 cadáveres, los cuales han sido entregados a sus familiares, según la vocería de la dependencia federal.

La primera de un total de 47 fosas clandestinas fue localizada el 2 de abril de 2011 en el municipio de San Fernando, tras un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos miembros de la organización criminal de Los Zetas.

Inicialmente las investigaciones estuvieron a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, pero la PGR atrajo la investigación, por lo que los cuerpos fueron trasladados a la capital del país para su análisis. Hasta ahora, se han identificado menos de una quinta parte.

El 10 de diciembre de 2011 fue la última vez que la PGR informó públicamente, a través de un comunicado, sobre la entrega de cuatro cuerpos —tres de Guanajuato y uno de Tamaulipas—. Posteriormente, según la vocería, se ha continuado con los análisis periciales que se han contrastado con información que han proporcionado los familiares de personas desaparecidas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Según la PGR, los familiares han aportado fotografías, expedientes dentales, muestras para la elaboración de perfiles genéticos, así como huellas dactilares impresas de las personas desaparecidas.

San Fernando, Tamaulipas —un municipio con menos de 60,000 habitantes, al norte de México—, comenzó a aparecer en los medios nacionales e internacionales en agosto del 2010, cuando elementos de la Secretaría de Marina localizaron los cadáveres de 72 migrantes en un rancho, en su mayoría de origen centroamericano.

Dada la cantidad de cuerpos que tuvieron que alojar tras el descubrimiento de las fosas de San Fernando, los restos de la masacre de agosto de 2010 fueron enviados al Estado de México, al centro del país, para su conservación, según informó hace un año, Edmundo Takahashi Medina, director del Semefo en el DF.

Para abril de 2011, el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México reportó que aún quedaban 14 cadáveres de los 72 migrantes asesinados sin identificar.

Respecto a los cadáveres de las fosas clandestinas, la PGR se limitó a informar sobre la entrega de los 34 cadáveres a sus familiares, sin dar más detalles sobre el tiempo que podría tomar la identificación de todos los cuerpos.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas dijeron a CNNMéxico que no podían comentar nada sobre las fosas descubiertas hace un año, debido a que la PGR atrajo la investigación en su totalidad.

La necesidad de una base de datos sobre personas desaparecidas

Tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, centenares de personas viajaron al norte del país y a la Ciudad de México en busca de sus familiares desaparecidos entre los cadáveres que eran exhumados.

Algunos lograron identificar a la persona que llevaban años buscando, la mayoría únicamente pudo entregar documentación y pruebas de ADN en espera de que les dieran información sobre el paradero de su marido, hermano, primo o hijo.

El pasado 7 de febrero, Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, anunció la creación de una base de datos sobre personas desaparecidas en México. Casi un mes después, el Senado de la República aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

En una visita realizada del 18 al 31 de marzo de 2011 a estados como Guerrero, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano la generación de una base de datos sobre personas desaparecidas que incluyera datos como sexo, edad, lugar de desaparición, lugar donde fue exhumado un cadáver, entre otros.

Asimismo llamaba a que se tipificara el delito en todos los estados del país, ya que en ese entonces únicamente ocho estados contaban con leyes relacionadas con las desapariciones forzadas. También consideró necesario que se establecieran protocolos de exhumación con el fin de poder conservar pruebas genéticas como el ADN.

Jorge Verástegui, director de la organización, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fuundec) recordó que desde su creación en 2007, se había exigido a las autoridades la creación de una base de datos que ayudara a coordinar a las autoridades locales, estatales y federales.

“La importancia de una base de datos a nivel nacional en la que participe el ámbito federal y los locales es de suma importancia ya que tendría que ser una base de datos que estuviera concentrada en un solo lugar toda la información y coordinada con las diferentes dependencias a todos sus niveles”, dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico.

Refirió que hasta ahora los familiares de las personas desaparecidas en México se tienen que enfrentar a diversas dificultades por la falta de una base de datos que concentre la información sobre desapariciones, pues se ven obligados a recorrer diferentes instancias en busca de algún dato que les dé pistas sobre el paradero de su familiar o, simplemente, la certeza de que sigue con vida o que ya ha fallecido.

Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y especialista en desapariciones forzadas, consideró que el procedimiento para desaparecer a las personas, implica hacer que no sea sencillo encontrar sus restos.

“Es aquí donde cobra importancia disponer de una base de datos lo más completa posible. Eso implica información sobre estructura y tratamientos dentales, intervenciones quirúrgicas que hayan involucrado prótesis, y especialmente disponer de un banco de datos de muestras de ADN de los familiares directos, bajo las condiciones útiles para la identificación. Estos son los datos básicos para la identificación de restos”, dijo vía correo electrónico a CNNMéxico.

La especialista agregó que la disposición de una base de datos contribuye a facilitar el proceso de búsqueda, para su correcta operación se requiere una infraestructura apropiada, como laboratorios, personal capacitado y un proceso que cuide adecuadamente el material genético para que no vaya a ser alterado.

“El sentido de una correcta identificación se vincula a los derechos de los ciudadanos desaparecidos y sus familiares, al derecho de darles sepultura, a la posibilidad de realizar y cerrar un duelo, que en el caso de los desaparecidos se construye como un duelo imposible, dado que no se sabe nada sobre si está vivo o muerto”, indicó.

Si bien aún no hay cifras oficiales unificadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que en México existen por lo menos 5,397 casos de desapariciones forzadas.

Cada vez más menores de ciudad sufren la desigualdad social: Unicef







(CNNMéxico) — El proceso de urbanización mundial ha obligado a cientos de millones de niños y niñas a enfrentar carencias y privaciones relacionadas con la migración, las crisis económicas y los riesgos de sufrir graves desastres, según el informe Estado Mundial de la Infancia 2012: niñas y niños en un mundo urbano del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Cada vez más personas viven en ciudades y el caso de los menores no es una excepción. Las ciudades ofrecen ventajas, como el acceso a servicios educativos, médicos y recreativos, según Unicef. Sin embargo, el organismo señala que para muchos niños de las zonas urbanas también es común que se les deniegue el agua potable, la electricidad y la atención a la salud.

En países como México, 88.3 millones de personas viven en zonas urbanas, lo que representa el 78% de la población del país, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas presentadas como parte del informe.

“Hoy en día, un número cada vez mayor de niños y niñas que viven en tugurios y barrios marginales se cuentan entre los más vulnerables y desfavorecidos del mundo; en efecto, no tienen acceso a los servicios más básicos ni gozan del derecho a prosperar”, dice el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake.

“La exclusión que sufren los niños de los asentamientos precarios no sólo les deniega la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial; también priva a sus sociedades de los beneficios económicos que supone una población urbana saludable y bien educada”, agrega.

Unicef documenta que las familias pobres suelen pagar más por los servicios básicos, aunque normalmente son de menor calidad. “El agua puede costar 50 veces más en los vecindarios pobres, donde los residentes se ven obligados a comprarla a proveedores privados, que en los vecindarios más ricos, donde los hogares están conectados directamente a las tuberías maestras”, según el documento.

Los problemas urbanos

Entre los principales problemas que enfrenta un niño de ciudad, destacan las consecuencias de las crisis económicas, la migración, el riesgo de sufrir un desastre y la violencia urbana.

El número de niños que viajan solos para buscar en la ciudad o en otros países la oportunidad que el campo no les da ha ascendido en los últimos años, aunque todavía son mayoría los que acompañan a sus familias. Uno de cada cinco niños había emigrado solo, de acuerdo con un censo realizado en 12 países. La mitad de los jóvenes de entre 15 y 17 años había vivido la misma situación.

La violencia y la delincuencia afectan a los niños en las zonas urbanas, no sólo como víctimas, también como miembros de grupos criminales. “La exposición crónica a hechos de esta índole puede obstaculizar el desarrollo de los niños y se ha relacionado con un rendimiento académicos deficiente y mayores tasas de deserción escolar, ansiedad, depresión, agresividad y falta de autocontrol”, señala el informe. Se enrolan en la delincuencia a los 13 años de promedio, aunque otros se unen mucho antes.

En México, al menos 1,400 menores han fallecido en el marco de la lucha contra el crimen organizado y hay unos 120,000 huérfanos por el mismo fenómeno, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Ririki Intervención Social.

El caso del Ponchis, un adolescente de 14 años que confesó haber comenzado a asesinar a los 11 años en un grupo de crimen organizado, es un ejemplo conocido en México. El gobierno de Felipe Calderón anunció el 16 de febrero que brindará atención a los menores de edad víctimas de la violencia, a través del Acuerdo para la atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.


domingo, 12 de febrero de 2012

La violencia, un obstáculo para los capacitadores electorales del IFE


CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La situación de violencia en algunas zonas del país ha obligado a las juntas locales del Instituto Federal Electoral (IFE) a idear nuevas estrategias para poder capacitar a las personas que serán funcionarios de casilla en las próximas elecciones, sin verse amenazados por miembros del crimen organizado.
Acciones como no trabajar de noche, viajar en brigadas y siempre contratar a capacitadores que vivan en el distrito electoral en el que laborarán son algunos elementos básicos que han aprendido con los años y ahora aplican, detallaron a CNNMéxico, los vocales ejecutivos y de capacitación del IFE en algunos estados.
Arturo Cárdenas, vocal de capacitación de la junta local del órgano electoral en el estado de Coahuila explicó que en el caso de su estado, también se ha promovido que el personal del IFE y los posibles capacitadores tengan contacto con los “líderes de facto” de la zona en la que trabajarán.
“Los líderes de facto pueden ser activistas que se han dedicado a ayudar a la gente de la comunidad, gente que ha trabajado en el tema de repartición de tierras, o sea, líderes agrarios, párrocos y también a veces nos topamos con gente que no se dedica a actividades lícitas”, dijo en entrevista telefónica.
Señaló que en el caso de Coahuila, la zona conocida como la Comarca Lagunera es la que tiene mayor número de “secciones de atención especial”.
“En esta zona, hemos identificado, después de varias visitas, que el perfil ideal de un capacitador es que sea una mujer de entre 38 y 40 años y que viva ahí mismo”, agregó, al explicar que estas características son las mejor aceptadas por los habitantes en secciones de atención especial, en general. 
Según información proporcionada por el IFE, este año se reclutarán a 29,902 capacitadores asistentes y 4,932 supervisores electorales a lo largo del país.
Estas personas estarán a cargo de capacitar a los funcionarios de las 147,905 casillas que se instalarán el próximo primero de julio, entre casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.
Las "secciones de atención especial" son lugares en los que el instituto debe implementar mecanismos especiales para poder operar tanto para la capacitación como para la instalación de casillas, dado que podrían representar un riesgo para su personal.
Cárdenas, que lleva 20 años laborando en capacitación electoral, dijo que han detectado que a los lugares más violentos es más conveniente viajar sin la compañía de elementos de seguridad, y así no provocar una confrontación con los habitantes.
Cifras oficiales difundidas recientemente por la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron a Torreón, ciudad industrial en la Comarca Lagunera, como una de las 10 localidades con la mayor incidencia de muertes por presunta rivalidad delincuencial.
De enero a septiembre del 2011, Torreón reportó 476 muertes relacionadas con el crimen organizado, lo que la colocó en tercer lugar a nivel nacional.
En el caso de Chihuahua, estado que alberga a municipios como Ciudad Juárez – el más violento del país según la PGR con 1,206 muertes en los primeros nueves meses del 2011 –, las autoridades electorales aseguraron que los capacitadores que fueron reclutados para las elecciones federales del 2009 tuvieron pocos problemas.
“Hay zonas suburbanas, hay donde se requiere cierta atención, ciertas condiciones, otras no lo son tanto, entonces esto implica que (...) nuestros compañeros de las juntas distritales ejecutivas, tengan muy claro cuáles son las condiciones, el perfil, la circunstancias que se dan en prácticamente cada una de las secciones electorales de cada uno de los distritos electorales”, indicó Carlos Manuel Rodríguez, vocal de capaictación en Chihuahua.
Recordó que en el 2009 se pudieron instalar todas las casillas, incluso en Ciudad Juárez, por lo que dijo está seguro que esto podrá repetirse sin problemas en las elecciones presidenciales y legislativas del 2012.
En el caso de Sonora, Francisco Ávila, vocal de capacitación del órgano electoral, explicó que si bien se tienen identificadas algunas zonas de riesgo para los capacitadores, no será sino hasta que se termine con el trabajo de campo por parte de los capacitadores que se pueda tener un diagnóstico de las “secciones de atención especial” para el día de las elecciones.
En el 2009, el IFE contabilizó un total de 7,351 "secciones de atención especial".
De acuerdo con el informe que el órgano electoral entregó a la Segob en ese año, en 1,789 de las secciones – poco más del 24% – se observaron condiciones que hubieran podido poner en riesgo la integridad física del capacitador asistente electoral, o por afectar las actividades de notificación y capacitación de los ciudadanos elegidos para ser funcionario de casilla.
De ese número, 1,609 eran consideradas de "atención especial" por elementos relacionados con la inseguridad pública como el pandillerismo y el vandalismo. Esto representó casi el 22% de las "secciones de atención especial".
Por otro lado, en 365 secciones, es decir el 5%, se presentaron dificultades por elementos relacionados con la salud pública como alcoholismo, drogadicción, enfermedades endémicas y aquellas relacionadas con la pobreza.
Pero no solo el personal del IFE ha tenido problemas derivados de la inseguridad. 
En el 2010, cuando el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) llevó a cabo encuestas en todo el país para integrar el Censo de Población y Vivienda, también se enfrentó con obstáculos relacionados con la inseguridad de ciertas zonas.
En una nota técnica difundida el 25 de noviembre del 2010, el INEGI informó que en un total de 1,057 manzanas o localidades del país, “los entrevistadores no accedieron por problemas de orden social o porque representaban un riesgo de seguridad”.
La dependencia detalló que dichas localidades representaban el 0.04% del total de las áreas que se tenían previstas cubrir durante el censo y que en ellas se encontraban 17,666 viviendas.
“Las entidades federativas con el mayor número de casos fueron Tamaulipas, con 534 manzanas o localidades que representan 0.54% del total de áreas del estado, Chiapas, con 196 (0.16%) y Chihuahua, con 190 localidades (0.16%)”, se explicaba en el documento.
La pobreza también obstaculiza el reclutamiento de capacitadores
En Guerrero la presencia del crimen organizado se ha visto reflejado en la alta incidencia de muertes por presunta rivalidad delincuencial.
Acapulco fue señalada como la segunda ciudad con el mayor número de muertes relacionadas con el crimen organizado, al contabilizar 795 asesinatos en los primeros nueve meses del 2011, según información de la PGR.
No obstante, en el estado que alberga a uno de los centros turísticos más conocidos de México, más que la delincuencia, el analfabetismo y la emigración han sido los principales obstáculo para el reclutamiento de capacitadores, aseguró David Alejandro Arroyo, vocal ejecutivo del IFE en la entidad.
“Solo hay 23 (secciones de atención especial por inseguridad en el estado), es un concepto muy aislado, no es realmente algo relevante o significativo y hay otros conceptos con mayor preocupación como la migración o por ejemplo otro que es muy intenso que son las 284 secciones donde los ciudadanos no saben leer ni escribir que son los problemas más fuertes que tiene Guerrero”, señaló en entrevista telefónica.
Precisó que han detectado también 261 secciones en las que se han topado con la dificultad para reclutar capacitadores por el alto índice de emigración, ya que a veces, no se logra encontrar a personas que cubran el perfil requerido.
Nota: Este artículo fue publicado el 18 de enero en mexico.cnn.com

domingo, 13 de noviembre de 2011

Guerrero, donde la pobreza 'fertiliza' el cultivo de amapola

Lunes, 07 de noviembre de 2011 a las 11:04



PANDOLOMA, Guerrero (CNNMéxico) — Las parcelas de Pandoloma, un pequeño poblado de poco más de 1,000 habitantes, cada vez son más rosas. Hasta hace unos cinco años, esta localidad a poco más de cuatro horas del puerto de Acapulco, estaba dedicada al cultivo de maíz y la mayoría de sus pobladores lo utilizaban para el autoconsumo. Hoy se ha convertido en una de las proveedoras de materia prima para la elaboración de la heroína o goma de opio, por lo que, durante unos meses al año, sustituye la siembra del maíz por el de la amapola, según fuentes militares de la región.
Enclavado en la zona montañosa del noroeste del estado sureño de Guerrero, hay pocas señas que permiten imaginar que Pandoloma es parte de la cadena de producción de narcóticos en México. Sobre sus calles estrechas y polvorientas, que con dificultad permiten el paso de dos autos a la vez, no hay más de una decena de personas andando antes del mediodía y aunque las tiendas están abiertas, hay que gritar para que salga el encargado a vender. A la entrada del pueblo, se escuchan ruidos de martillos golpeando metal por una nueva iglesia que se está construyendo.

“Aquí hay mucho dinero, pero no quieren que se note”, dice un alto mando del Ejército que pidió su anonimato y que acompaña a un grupo de soldados que han detectado un plantío de alrededor de 3,800 metros cuadrados a unos 800 metros del poblado que irán a destruir en unas horas. “Muchos entran al negocio con miedo. Ellos son campesinos, no narcotraficantes”, añade.

Desde hace unos días, alrededor de 20 elementos del Ejército llegaron a este poblado a erradicar un plantío de amapola. Se instalaron en una loma a unos 500 metros, desde donde se alcanza a ver todo el pueblo, con sus pequeñas casas de madera y concreto, sus antenas de televisión por cable y la ropa recién lavada secándose al aire. 

“Cuando nos instalamos cerca de poblados, nunca hablamos con la gente. La instrucción es no tener ningún tipo de comunicación, por seguridad. Saben a qué venimos, pero no se meten con nosotros y hasta ahora nunca hemos tenido problemas con la gente de esta región”, cuenta el oficial encargado del grupo y que lleva cuatro años dedicado a arrancar flores de amapola.

Guerrero es el mayor productor de esta planta en México y, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en sus 63,621 kilómetros cuadrados, se produce el 60% de toda la amapola del país. La dependencia señala que dentro de la 35 Zona Militar, que abarca 56 municipios del norte del estado, se siembran la mayoría de los cultivos de este tipo. 

Si bien Pandoloma, parte del municipio de San Miguel Totolapan, no es de los mayores productores de amapola de México, es vecino de otras localidades donde las autoridades dicen que han detectado cada año un aumento progresivo en superficie sembrada que, durante la temporada de lluvias —de junio a octubre—, se pinta de rosa por las flores de la planta.

San Miguel Totolapan es uno de los 85 municipios con mayor pobreza alimentaria en el país y su grado de marginación sólo lo superan los municipios en la zona de La Montaña de Guerrero. Estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) señalan que en poblados como Pandoloma, los habitantes no pueden adquirir una canasta básica de alimentos con sus escasos ingresos.

A diferencia de los agentes de la 27 Zona Militar, que abarca 25 municipios al sur del estado, y que tienen que poner retenes y patrullar en lugares como el puerto de Acapulco —donde se han disparados los enfrentamientos entre grupos criminales y asesinatos—, según el Ejército, en la 35 Zona Militar la principal labor de combate al narcotráfico es la destrucción de cultivos.

Durante 2010, en los 56 municipios donde opera la 35 Zona Militar se destruyeron 23,906 plantíos de amapola, que sumaron más de 3,843 hectáreas sembradas, lo que equivale a casi cuatro canchas de futbol juntas, citan fuentes militares.

El 20 de enero de 2011, en un operativo realizado en Chilpancingo, se aseguraron poco más de 248 kilogramos de goma opio. La Sedena considera que fue el aseguramiento más grande en la historia de México.

La identificación de los plantíos

La 35 Zona Militar, que tiene su sede en Chilpancingo, dedica 200 elementos exclusivamente a la erradicación de plantíos. Las autoridades militares los dividen en grupos de alrededor de 20 soldados y un oficial, y los turnan cada dos semanas para alojarse en las montañas.

Otra parte del personal se dedica a hacer sobrevuelos en helicóptero para mapear los plantíos, ubicar las coordenadas con un GPS y con base en ello girar órdenes para futuras erradicaciones.

Hasta el sexenio del expresidente Vicente Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) era la encargada de la erradicación de todo tipo de plantíos en el país. La PGR destruía campos de amapola y marihuana a través de la fumigación con avionetas, tarea que dejó de realizar porque aseguran que la fumigación causaba daños ambientales a los sembradíos legales y bosques aledaños.

Cuando la Sedena se hizo cargo de esta labor, en diciembre de 2006, explica que decidió llevar a cabo la erradicación a mano, arrancando planta por planta, lo que se ha reflejado en la disminución de la superficie destruida.

El Reporte Internacional sobre Estrategia de Control a Narcóticos 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México registró por cuarto año consecutivo un aumento en la superficie cultivada de amapola.

“El cultivo de la amapola de opio aumentó un 31%, al pasar de 15,000 hectáreas en 2008 a 19,500 hectáreas en el 2009”, detalla.

“Esta cantidad de cultivos de amapola de opio podría producir potencialmente 50 toneladas métricas de heroína pura o 125 toneladas métricas de goma de heroína, sin contar las pequeñas pérdidas que se dan en el proceso de producción”.

El Departamento de Estado señala que, si bien México aún no ocupa un lugar importante a nivel internacional en la producción de amapola como el caso de Afganistán o Birmania, ha ganado mercado a lo largo de los años. La dependencia cree que México pudo haber superado a Birmania como segundo productor de amapola desde 2009.

La idealización de la lucha contra el narcotráfico

Para H, como pide que se le identifique, uno de los principales motivos para entrar al Ejército mexicano era poder combatir el crimen organizado. Dice que se entrenó para ello y ahora pasa dos semanas al mes en alguna parte de las montañas guerrerenses, incomunicado y arrancando plantas para después quemarlas.

“Sabemos que después de que nos vamos, los pobladores que nos ignoraron durante nuestra estancia volverán a sembrar muy cerca de donde lo hicieron la primera vez, si no es que usarán exactamente el mismo terreno”, dice.

Según el alto mando de la Sedena que acompaña al grupo de militares, la amapola tarda tres meses en ser útil y en ese tiempo el tallo puede alcanzar hasta un metro de altura.

Con hojas de rastrillos, los cultivadores hacen dos o tres pequeñas incisiones conocidas como “rayas” sobre los botones que no han florecido y extraen el líquido que se usa como materia prima para elaborar la droga, según explican soldados encargados de la erradicación.

Los militares llegan a las parcelas o a los campos cultivados y deben de arrancar de raíz todas las plantas para que no vuelvan a crecer, y después las incineran sobre una cama de leña y paja que arman en el mismo sitio. Alrededor de dos horas tardan en destruir un sembradío de 3,800 metros cuadrados.

De vuelta al campamento, uno de los soldados informa al oficial que encabeza el equipo que unos metros más abajo encontraron un campo con amapolas ya secas y “rayadas” que no alcanzaron a erradicar.

El alto mando admite que en el fondo no sólo están luchando contra los narcotraficantes, sino contra la pobreza que hace que los campesinos decidan dejar de cultivar maíz, para sembrar amapola que les da un poco más de ingresos.

“Un problema difícil de erradicar”, sentencia.

El avance del narcomenudeo, una amenaza a la relativa seguridad del DF


Lunes, 17 de octubre de 2011 a las 06:18
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El avance del narcomenudeo en la Ciudad de México es una amenaza a la relativa tranquilidad que vive la capital del país, con relación a otros estados del país donde se ha registrado un aumento en la violencia durante los últimos años, aseguraron exfuncionarios de seguridad de la Ciudad de México.
“Los delincuentes crean una infraestructura y ya que la crearon para distribuir droga, les da lo mismo estar distribuyendo droga que estar robando vehículos o estar haciendo extorsiones. Esto quiere decir que se están diversificando”, dijo Joel Ortega, exsecretario de Seguridad Pública del DF en entrevista con CNNMéxico.
Explicó que, si bien en el DF los niveles de presencia del crimen organizado aún son bajos, en comparación con algunos estados, las autoridades de seguridad pública de la ciudad deberían realizar más labores de inteligencia, con el fin de tener un diagnóstico actualizado sobre las redes de narcomenudeo, para evitar su diversificación.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presume que la capital es una de las ciudades más seguras del país. Sin embargo, las cifras del delito en la Ciudad de México revelan que el número de robos, lesiones y homicidios prácticamente no ha descendido, y que sólo el secuestro se ha reducido en su administración.
Los delitos en la Ciudad de México disminuyeron un 12.5% en los últimos tres años y medio, sin especificar el tipo, mientras que en el resto del país crecieron en más del 40%, según cifras difundidas por Ebrard en la presentación del segundo Reporte de Índice Delictivo (RINDE) del DF.
“Nuestra preocupación todos los días es que la ciudad no siga la tendencia nacional”, dijo el jefe del Gobierno capitalino.
Al desglosar esas cifras por delito, el descenso no es tal, e incluso, algunos de estos ilícitos elevaron su incidencia, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El robo —en todas sus modalidades— había mantenido un incrementado constante desde el inicio de la administración de Ebrard en 2006; pero el año pasado este delito registró un aumento de casi 27% con respecto al 2009.
El secuestro es el único ilícito que ha disminuido en la Ciudad de México en los últimos años. Después de registrar un incremento de 28% en 2006, desde hace tres años comenzó a descender constantemente.
“¿Por qué se considera, entonces, que la Ciudad de México es segura? Se considera que es así, porque se toma como marco de referencia lo que sucede en otros estados de la república donde desgraciadamente la violencia ha escalado significativamente y ha pasado de ser una violencia hasta cierto punto controlada y conocida, a una violencia que se basa en la espectacularidad”, señaló en entrevista Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública del DF.
El número de homicidios dolosos en la ciudad se mantuvo estable en los primeros cuatro años de mandato de Ebrard, pero registró un incremento del 5.3% en 2009.
De 2006 a 2010, los niveles de violencia se incrementaron en algunas zonas del país como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron de manera violenta por lo menos 6,437 personas en ese periodo, según laBase de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada del gobierno federal.
Otros estados donde se han registrado distintos ataques y enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas federales son Nuevo León y Tamaulipas.
Por ejemplo, en agosto del año pasado en San Fernando, Tamaulipas, la Marina encontró una fosa clandestina con los cuerpos de 72 migrantes que fueron asesinados por delincuentes.
En Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, el pasado 25 de agosto, el casino Royale fue atacado por presuntos integrantes del crimen, cobrando la vida de 52 personas.
En el caso de la Ciudad de México, la presencia del crimen organizado se ha limitado a algunos eventos aislados como la aparición de decapitados y balaceras en zonas comerciales.
Joel Ortega consideró que el DF sí es una ciudad más segura, pero tiene otros problemas como el narcomenudeo, que de no resolverse, le podría dar entrada al crimen organizado, como ha sucedido en otras partes del país.
“Habría que entender el fenómeno de que si hay narcomenudeo hay narcotráfico. Si estamos de acuerdo en eso, entonces nos tenemos que poner de acuerdo en que el hecho de que podamos medir la presencia de un cartel no necesariamente va a estar en función de que se den ya una ola de asesinatos o de descabezamientos”, expresó.
Los delitos contra la salud en el DF disminuyeron casi a la mitad en los primeros dos años del gobierno actual (2006-2008), pero entre 2008 y 2010, se volvieron a duplicar.
¿Llegará el crimen organizado a la Ciudad de México?
El primero de septiembre de este año, dos periodistas fueron encontradas muertas en un parque al oriente del DF. Poco más de un mes después, dos cabezas humanas fueron arrojadas frente a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para Fred Burton, vicepresidente de inteligencia del centro de estudios estadounidense Stratfor, estos dos eventos son una clara muestra de que el crimen organizado ha comenzado a operar en las calles de la capital.
“Cuando evaluamos a países o monitoreamos el alcance de la violencia en diferentes contextos, constantemente se observan eventos anormales que salen de lo cotidiano y creemos que estos dos caen en esa categoría”, dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico.
Burton consideró que esos hechos son “problemas en desarrollo”.
En abril de este año, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la Ciudad de México estaba libre de delincuencia organizada.
En el caso del asesinato de las dos periodistas, Mancera dijo que el móvil estuvo relacionado con el robo de un millón de pesos.
Para Ortega, tanto los decapitados, como algunas balaceras que se han presentado en zonas comerciales de la ciudad, son una clara muestra de que el crimen organizado busca encontrar espacios en la capital.
“Yo sé que la autoridad va a querer decir que no es crimen organizado, pero yo nunca he visto que alguien traiga en su auto cuando se dedica a robar autos, una AK-47 o un arma larga”, dijo Ortega.
Tanto Ortega como Regino coincidieron en que el DF pasa por un periodo temporal de paz en medio de la ola de violencia que aqueja al resto del país, aunque señalaron que no dudará por mucho tiempo si no se toman las medidas necesarias para blindar a la capital.

8 de cada 10 adultos internautas en México ha sufrido un 'ciberdelito'

Lunes, 24 de octubre de 2011 a las 05:56



CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Ocho de cada 10 adultos en México, usuarios de internet, han sido víctimas del cibercrimen, de acuerdo con el más reciente Reporte de Crimen Cibernético de la empresa Symantec, especializada en seguridad para sistemas informáticos.
Esto lo coloca en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, solo por debajo de China y Sudáfrica, con el 85% y 84% de usuarios víctimas, respectivamente. El país también es una de las capitales mundiales con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos: siete de cada 10 usuarios, según Symantec.
Aunque no hay una definición para definir el cibercrimen, en esta categoría entran delitos como fraudes y amenazas en internet, hackeo, pornografía infantil en la web, entre otros.
Los crímenes más comunes en el mundo son los ataques con virus informáticos, las estafas por internet y el phishing, que es el término utilizado para la acción quienes adquieren información confidencial de manera fraudulenta en internet, de acuerdo con el reporte elaborado con base en 19,636 entrevista a usuarios de 24 países, hecho por Symantec.
En México, casi ninguno de estos delitos tiene castigo porque los códigos penales son insuficientes y las faltas cometidas en la red son muy variadas, coincidieron académicos y un legislador que prepara una iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, a nivel federal, para tipificar los distintos ciberdelitos.
Ciberdelito y seguridad nacional
“El problema de la ciberdelincuencia va más allá de la seguridad pública en estricto sentido y llega niveles de seguridad nacional", alertó Julio Téllez, académico especialista en ciberjusticia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Algunos hackers están en posibilidad de acceder a información secreta, confidencial o privilegiada y que eventualmente podrían darle un uso que podría afectar estos temas de seguridad nacional".
Además de la falta de una tipificación puntual sobre la gama de delitos, México está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean perpetradas desde fuera del territorio nacional, dijo el académico.
En julio de este año, Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), advirtió del creciente riesgo por los ataques cibernéticos y, al comparecer ante senadores todavía como titular de la dependencia, señaló que la ciberseguridad es uno de los aspectos que junto con el crimen organizado, los grupos armados y el terrorismo, amenaza la estabilidad del país.
Un episodio que recientemente puso en evidencia la vulnerabilidad del gobierno mexicano fueron las operaciones que llevaron a cabo losciberactivistas autonombrados Anonymous. El 15 de septiembre del 2011, esta agrupación internacional bloquearon el acceso a varias páginas web del gobierno federal y algunas locales, como la Secretaría de Defensa Nacional y la del Congreso del estado de Nayarit, que estuvieron “caídas” durante horas.
CNNMéxico solicitó una entrevista a la Unidad de Delitos Electrónicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero le fue denegada al señalar que los mandos encargados de combatir los delitos cibernéticos estaban participando en operativos relacionados con los Juegos Panamericanos o en ciudades como Monterrey o Cuidad Juárez.
A nivel internacional algunos países que no solo han modificado sus códigos penales, sino también han creado leyes específicas respecto al uso de redes y que han tipificado detalladamente los delitos que se comenten en el ciberespacio, dijo Téllez.
Es por eso que la cooperación de los cuerpos de seguridad internacional es importante, para desarticular redes de delincuentes mundiales que cometen delitos en internet.
“Hay una convención respecto a este tipo de criminalidad (cibernética) que se conoce como el Convenio de Budapest, en el que ha habido un cierto titubeo por parte de México en cuanto a su ratificación, pero esto puede dar pauta para poder orquestar de algún modo operativos a nivel internacional para este tipo de delincuencia”, indicó Téllez.
Legislación contra el cibercrimen mexicano
Tras el diagnóstico de expertos, en México un grupo de diputados presentará en unas semanas una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar de manera más detallada los delitos cibernéticos.
“La realidad rebasa a la legislación, en este caso el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, ninguno de los dos marcos jurídicos tiene una disposición específica sobre terrorismo a través de redes, como redes en internet o delitos a través de medios electrónicos”, dijo en entrevista el diputado Rodrigo Pérez Alonso, diputado del Partido Verde Ecologista de México y presidente del comité de acceso digital de la cámara baja
El Código Penal federal sanciona a “aquellos que sin autorización modifiquen, destruyan o provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad”, ya sea de propiedad privada, del Estado o de alguna institución financiera.
A nivel local, estados como Veracruz, realizaron recientemente reformas a su código penal en el que se abrieron las puertas para castigar a aquellos que difundan información falsa a través de las redes sociales.
Ante este tipo de reformas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas al código penal de Veracruz.
Iliana Rodríguez, investigadora del departamento de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, resaltó la importancia de legislar en la materia sin que eso vaya en contra de la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales.
Para la especialista en legislación internacional, actualmente algunos han incluido entre los "ciberterroristas" a agrupaciones de "ciberactivistas" como Anonymous, pese a que para ella, elciberterrorismo está mucho más vinculado con organizaciones terroristas que a través de la intrusión a redes gubernamentales o privadas, pueden causar daños reales a la población, tales como la suspensión de servicios eléctricos o acceso a centrales nucleares.
“Desde hace prácticamente una década existe lo que se le llamaciberactivista que es la conjunción del hacker con el activista, pero cuando surgen esos movimientos, justamente lo que ellos plantean son básicamente realizar activismo, pero de ninguna manera se adjudican el término de ciberterroristas”, explicó.
Las agrupaciones cono Anonymous, o incluso el fundador de Wikileaks, Julian Assange, han señalado que su activismo busca poner fin a algunas acciones de gobiernos de diferentes países del mundo que no permiten el libre flujo de información que es de relevancia para la población, o que atentan contra la libertad de expresión.